El Ayuntamiento de Madrid exigirá a compañías de alquiler de viviendas turísticas como Airbnb o Homeaway que fijen su sede fiscal en la ciudad para declarar allí los beneficios que obtienen de su negocio.
El Gobierno municipal quiere llegar a un acuerdo con las plataformas de alquiler turístico en la ciudad, para lo que ya se ha reunido con Airbnb en una ocasión y lo va a hacer más veces. El Ayuntamiento pretende que las empresas fijen su sede fiscal en la ciudad para declarar allí los beneficios que obtienen de su negocio. “De esta forma, pondrían de manifiesto su compromiso con el desarrollo económico del país”, explica una portavoz del gobierno municipal. Aunque la negociación solo acaba de comenzar, muy probablemente este será uno de los puntos más polémicos de la misma.
Además, el Consistorio ya anunció su intención de solicitar que se establezca un máximo de noches que se pueden alquilar al año -su propuesta es 60-, garantizar que la vivienda turística sea residencia habitual del propietario y fijar una tasa turística por pernoctación. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, señala: “Nuestra obligación es gobernar, regular lo que ocurre en la ciudad para que no suponga un problema a madrileños y madrileñas. Se trata de que las actividades, en este caso el turismo, que acontecen en la ciudad sean compatibles con la vida y convivencia de nuestros vecinos y vecinas”.
Para Calvo, “si una actividad supone o puede suponer una amenaza para el normal transcurso de su vida diaria, nuestra obligación y responsabilidad es tomar las medidas para evitarlo y prevenirlo. Ante la amenaza del aumento desmedido y descontrolado de los alquileres, estamos tomando las medidas y acciones para proteger a los ciudadanos dentro del marco de nuestras competencias hemos mencionado”. El edil también desliza una crítica hacia el Gobierno regional: “La, primero negación y después inacción por parte de la Comunidad de Madrid en este asunto, nos preocupa y la denunciamos, pero no va a suponer nuestra inacción ni que renunciemos a poner en marcha soluciones”.
La Comunidad lo rechaza
Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, rechaza las pretensiones del Consistorio, ya que no tiene competencias para ello. «El Ayuntamiento, en materia turística, solo tiene competencias en promoción», señala. En su opinión, «se pretende trasladar a Madrid el modelo de Barcelona, pero allí existe una tasa turística -que aplican los ayuntamientos- que fue creada por una ley de la Generalitat». Por eso, recuerda que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ya se ha mostrado contraria a la creación de una tasa turística, porque el sector hotelero es contrario a la misma y porque este tipo de medidas se acaban convirtiendo «en un sobreprecio que paga el consumidor». «El Gobierno no piensa que haya que cargar con impuestos a la gente que viene a visitarnos y a crear empleo», señala Chaguaceda.
«Hay que tener cuidado con intentar crear un problema político donde no existe. Madrid no tiene una situación como la de Barcelona», añade el director general de Turismo, «lo cual no quiere decir que no haya que ordenar este fenómeno que ha venido para quedarse, donde hay que intentar armonizar los derechos que uno tiene sobre una vivienda propia con la convivencia vecinal y con el entorno». En este sentido, explica que el Gobierno regional quiere elaborar un nuevo decreto que afecte a las viviendas de uso turístico «en el que vamos a intentar definir mejor qué es una vivienda de uso turístico, establecer unos límites razonables dentro de la legalidad e implementar medidas para regular el sector».
La empresa Airbnb no se pronuncia sobre la posible imposición de la tasa que propone el Ayuntamiento, pero valora de manera positiva las negociaciones: «Celebramos las conversaciones que están teniendo lugar en Madrid sobre la figura del home sharing [compartir vivienda]. Queremos ser buenos socios de la ciudad y del gobierno regional, y trabajar juntos para apoyar a las familias locales que comparten sus hogares», explica un portavoz de la sociedad. Según sus datos, esta modalidad de alojamiento (compartir el propio hogar) contribuye de manera muy positiva a la ciudad y a la comunidad autónoma. Solo el año pasado, la actividad económica generada por anfitriones y huéspedes en la ciudad fue de 447 millones de euros. Airbnb apuesta por la creación de «unas reglas claras que distingan aquellas personas que comparten el propio hogar de los malos actores».