Tras la propia familia, la comunidad de vecinos es el estamento social más próximo para la mayoría de ciudadanos. El más cercano y uno de los que más conflictos puede llegar a generar. Se trata de una entidad jurídica regida por la Ley de Propiedad Horizontal y por sus propios estatutos, normas que le otorgan una serie de derechos y deberes. La gestión de una comunidad de propietarios nunca ha sido sencilla, y en una sociedad cada vez más tecnificada y regulada, esta tarea ha incrementado su complejidad en los últimos años.

Normativas, inspecciones, obligaciones tributarias, reclamaciones ante los ayuntamientos, los comuneros y otras comunidades vecinas. Es aquí donde aparece la figura del administrador de fincas, un profesional altamente cualificado capaz de gestionar todo cuanto concierne a las comunidades de propietarios. Una labor importante en nuestra sociedad, aunque a menudo no lo suficientemente valorada.

El reto para estos profesionales, agrupados en sus respectivos colegios profesionales regionales, es afrontar todos estos desafíos con un servicio de calidad y competitivo en precio. Este también es el objetivo del colectivo de Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (Caf),

Desde 2009, con la entrada en vigor de la llamada Ley Ómnibus, se estableció el libre acceso a las actividades de servicios, con lo que se abrió la libre competencia en este y otros sectores profesionales. Desde entonces, ya no es obligatorio que el administrador de fincas sea un profesional colegiado, pero, según explica Martínez Torres (presidenta de la CAF-Madrid), hay diferencias. “El amparo del Colegio Profesional responde de los servicios que presta un administrador colegiado con los criterios de independencia, eficacia y responsabilidad. En el apartado económico, el Colegio garantiza la actuación con dos seguros, una fianza colegial de hasta 25.000 euros y un seguro de responsabilidad civil de 650.000 euros”, asegura.

Manuela Julia Martínez Torres es la presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Madrileña, de 47 años, es administradora de fincas desde 1991. En su anterior etapa en el Colegio (de 2003 a 2012) desempeñó el cargo de vocal coordinando la Comisión de Siniestros y de Relaciones Personales entre Colegiados.

Sustituye a  Miguel Ángel Muñoz Flores en la presidencia del Colegio, cargo que ha ostentado durante los últimos 12 años. Se convierte además en la primera mujer que preside esta institución.

Martínez Torres defiende la elección de un administrador de fincas colegiado frente a otras opciones que compiten en precio, pero no en calidad de servicio. “Los administradores de fincas colegiados estamos en permanente contacto con la Administración Pública y al día de las obligaciones que la comunidades tienen con el Estado. Por ejemplo, este año 2015 es el primero en el que las comunidades de propietarios que no desarrollan actividades empresariales tienen obligación de presentar el modelo 347 en el que consten las operaciones de las comunidades con terceros superiores a 3.005,06 euros“, defiende. “De esta manera”, continúa, “ayudamos a luchar contra el fraude fiscal”.

También la seguridad de los edificios y sus instalaciones está en manos de los administradores. “En Madrid capital es obligatoria la Inspección Técnica del Edificio cada 10 años, en toda la Comunidad de Madrid, además, es obligatoria la inspección de ascensores cada cuatro años, las instalaciones de baja tensión que den servicio a 25 o más suministros cada 10 años, los garajes subterráneos cada cinco años. Incluso las calderas o instalaciones térmicas comunitarias deben pasar inspección dependiendo del combustible que utilicen y su antigüedad”, explica esta administradora.

Pese a que las diferentes administraciones públicas cuentan con los administradores colegiados para hacer llegar sus propuestas a las comunidades, para Martínez Torres, los administradores colegiados deberían tener más participación en estas decisiones “y no ser sólo la herramienta final para cumplir sus objetivos”.